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El estudio del Derecho Presupuestario en las Administraciones Públicas españolas se encuentra en un proceso de profunda reconfiguración conceptual, normativa y operativa.
La confluencia entre las exigencias impuestas por la Unión Europea y las dinámicas institucionales internas ha puesto de relieve tensiones estructurales entre la norma constitucional formal y la práctica administrativa de gestión.
En el vídeo tutorial Velasco-Carretero analiza las mutaciones normativas que redefinen la ordenación jurídica de las haciendas públicas en España.
🏛️ 1. La nueva gobernanza fiscal europea y la regla del gasto computable
La promulgación del Reglamento (UE) 2024/1263 marca la superación de los esquemas tradicionales de supervisión basados en el saldo estructural, situando en el centro del sistema la tasa de crecimiento del gasto primario neto computable. Planes Fiscales de Medio Plazo (2025-2028): España ha articulado su trayectoria de consolidación y reformas mediante la fijación de compromisos plurianuales que condicionan el límite máximo de gasto no financiero estatal.
La cuenta de control: Regulada en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2024/1263, actúa como un registro acumulativo de desviaciones (con umbrales del 0,3% anual y 0,6% acumulado respecto al PIB) para prevenir la apertura de procedimientos por déficit excesivo.
📜 2. Régimen constitucional de la prórroga presupuestaria (Art. 134.4 CE)
La falta de aprobación en tiempo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado activa la cláusula de salvaguarda del artículo 134.4 de la Constitución Española, garantizando la continuidad de los servicios públicos. Delimitación entre presupuesto inicial y ejecutado: De conformidad con el artículo 38 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, la prórroga se proyecta únicamente sobre los créditos del presupuesto inicial originariamente aprobado, excluyendo las modificaciones extraordinarias del año anterior. Intensificación del Decreto-Ley:
La vigencia prorrogada desplaza el momento de decisión política desde el debate parlamentario pleno hacia la adopción de Decretos-Leyes financieros (Art. 86 CE) y expedientes de modificación de crédito durante la fase de ejecución. Observancia del artículo 135 CE: La prórroga no exime de cumplir el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, obligando al Ejecutivo a controlar la ordenación de pagos para no rebasar la tasa de gasto computable autorizada.
📊 3. Modernización de la gestión, transparencia y evaluación por la AIReF
La adaptación del sistema presupuestario exige trascender el mero control formal de legalidad e incorporar la evaluación del rendimiento de los recursos públicos. Revisiones de gasto (spending reviews): La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desarrolla ciclos evaluativos orientados a medir la eficacia social de subvenciones, gasto sanitario y políticas públicas. Transparencia local y coste efectivo:
En el ámbito municipal, la aplicación del artículo 116 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local obliga al cálculo y difusión del coste efectivo de los servicios. Digitalización contable: La consolidación de la facturación electrónica mediante la plataforma FACe y el Registro Contable de Facturas incrementa la trazabilidad monetaria y agiliza el control contable interno.
