Titularidad del derecho de libertad de cátedra

Hace unos años, en clase de Derecho Eclesiástico, el profesor José Luis nos explicaba que la libertad de cátedra es aquella libertad que tienen los profesores para no secundar las directrices de las autoridades públicas en materia de investigación y docencia, habilitándoles a la resistencia ante cualquier coacción o influencia externa encaminada a condicionar de manera ideológica su instrucción, docencia o magisterio.

Te realizo el apunte porque me preguntaba Antonio si esa consabida libertad de cátedra en mi país, al abrigo del artículo 20.1.c de la Constitución Española (CE), tradicionalmente asignada a los profesores universitarios, podían ejercerla también los docentes no universitarios. La titularidad del derecho corresponde a todos los profesores, aunque no sean universitarios, obligando a la necesidad de armonizar ese derecho con el derecho de los titulares de los centros docentes privados a instituir una opinión o doctrina propia.

Esa respuesta se encuentra contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, donde, entre otras manifestaciones, se destaca que “la libertad de cátedra es una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza, entendida ésta como principio organizativo de nuestro sistema educativo. El art. 20.1 c) de la CE reconoce y protege el derecho «a la libertad de cátedra», recogiendo esta expresión[1], donde con referencia a todos los «maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial» se reconocía y garantizaba «la libertad de cátedra». A ésta se refería también, sin duda alguna, el art. 15 de la LOECE[2] cuando, dentro de los límites allí establecidos, declara «garantizada la libertad de enseñanza» de «los profesores». 

Habría sido preferible que la expresión «libertad de enseñanza» se hubiera utilizado tan sólo en el sentido amplio del art. 27.1 de la CE, pero es lo cierto que dentro de nuestra tradición legislativa sobre temas educativos y de instrucción pública dicha locución se ha empleado con pluralidad de significados, en uno de los cuales ha equivalido a la libertad de los profesores de "exponer y discutir lo que piensan» y ello en atención a que la ciencia «debe ser libre en sus manifestaciones, cualquiera que sea el encargado de enseñarla"[3] (Fuente de la imagen: pixabay).
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[1] Que ya había sido utilizada en nuestros anteriores textos constitucionales por el art. 48 de la Constitución de 1931.
[2] Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares.
[3] Decreto del Ministro de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla, de 21 de octubre de 1868, Colección legislativa, tomo C, págs. 416-424.

Juez y objeción de conciencia

¿Tienen derecho los jueces a la objeción de conciencia? Hace unos años, en el Sitio de Manuel y en el texto “Sumarios muy raros”, reflexionaba sobre la objeción de conciencia de los fiscales en mi país. Repasando los apuntes de Deontología, le he estado dando vueltas a la objeción de los jueces, reconociéndote que poco he sacado en claro, puesto que según las ideas claves, la tensión entre el deber de obediencia al derecho y la libertad de conciencia en mi país se singulariza especialmente en los componentes del órgano judicial, que de forma habitual deben aplicar el ordenamiento jurídico, tanto si la legislación que aplican les contenta como si no. Una cosa parece clara, la prohibición del non liquet (no está claro) se encuentra patentemente recogida en los arts. 1.7 del Código Civil Español (CC) y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), forzando a Sus Señorías a zanjar sin excusas todo asunto que conozcan, ateniéndose al sistema general de fuentes del derecho previsto en las leyes españolas, ya que en caso contrario procederían en desobediencia o rebeldía respecto del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.2 CE.

No obstante, cabría la posibilidad de que los miembros de la judicatura pudieran solicitar abstenerse de conocer un asunto siempre que el adeudo a su libertad de conciencia sintonice con la causal décima del art. 219 LOPJ, que señala el deber de inhibición en caso de interés directo o indirecto en la causa, configurándose como una vía para invocar objeciones de conciencia entre los jueces. Pero parece que la solicitud de alejamiento del pleito debe estar bien argüida y razonada en ese interés directo o indirecto en la causa concreta que sea objeto de conocimiento judicial. Señalar que los motivos de abstención por cuestiones filosóficas, políticas, religiosas o ideológicas generalmente no son aceptados por la doctrina jurisprudencial española como intereses directos o indirectos en el pleito. A la doctrina también le cuesta reconocer ese precario derecho de objeción a los jueces en sistemas jurídicos como el español, que proclama de forma concreta la prohibición del non liquet con independencia de accidentales motivos de conciencia (Fuente de la imagen: pixabay).