La figura del Mandato

Según las ideas claves de mis apuntes de Derecho Privado de los Contratos, en España el mandato es un contrato consensual e intuitu personae, por el que una persona, conocida como mandatario, se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra, que atiende al título de mandante. El mandato es gratuito, salvo que se pacte otra cosa; no obstante, se preverá retribuido cuando el mandatario tenga por actividad servicios profesionales o empresariales de la especie a que se refiera el mandato. Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es no confundirlo con la representación; para ello utilizo la siguiente chuleta: la representación se materializa en un poder (de representación) y el mandato en un contrato (vínculo contractual), si bien puede existir un mandato con poder, que se denomina mandato representativo. 

Dicho lo anterior, paso a resumirte el supuesto de hecho de la STS 640/2014[2], donde uno de los demandados, persona física, actuó en calidad de mandatario[1] en una operación de venta de un inmueble, en virtud de un poder notarial expreso[3] que le permitía comprar, vender, permutar y de cualquier otro modo adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, pero que, a la fecha de la operación, dicho mandato se encontraba extinguido por fallecimiento de los poderdantes, circunstancia conocida por el mandatario en el momento de la operación de venta. El otro demandado, persona jurídica, era la entidad compradora del inmueble, tercero de buena fe que contrató con el demandado desconociendo la extinción del contrato de mandato[4], motivo que fue esgrimido en los recursos ante la Audiencia Provincial y ante el Tribunal Supremo. 

Reconociendo la Alta Instancia la excepción recogida en el artículo 1738 CC[4] respecto del principio general contemplado en el art. 1259 CC[5], desestima el motivo alegado por el segundo demandado (al primer demandado se le había declarado en rebeldía), apoyándose en la Jurisprudencia emanada de la STS 984/2008, en el sentido de que para aplicar el precepto del art. 1738 CC[4], es necesaria la concurrencia de dos condiciones: que la demandada, persona jurídica, a la que vendió el inmueble el demandado, hubiera actuado de buena fe, es decir, que desconociera la anterior extinción del mandato; y que dicho mandatario demandado, en el momento de hacer uso del poder, ignorara la muerte del mandante o la concurrencia de cualquiera otra de las causas que hacen cesar el mandato. En opinión del Tribunal, concurría la primera condición, pero no la segunda, puesto que el mandatario en el momento de la venta ya conocía el fallecimiento de los mandantes (Fuente de la imagen: pixabay).

[1] Art. 1.709 Código Civil Español (CC). “Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”.
[2] STS 640/2014 de 13 de febrero de 2014. http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6983746&links=&optimize=20140307&publicinterface=true.  Documento última vez visitado el 25/06/2015. 
[3] Art. 1713 CC. “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”.
[4] Art. 1738 CC. “Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe”.
[5] Art. 1259 CC. "Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante".

No todo contrato de distribución es franquicia

En el post “A vueltas con la franquicia” contaba alguna que otra "batallita" relacionada con ese sistema de distribución y refresqué varias ideas básicas. Quiero apuntarte esta mañana que no todo contrato de distribución es modelo de negocio franquicia puro y duro. Existe un abanico de actividades que se apoyan en los términos comerciales de concesión y distribución. Sí tienen en común su diferencia entre lo que en España llamamos contrato de agencia, donde el agente, aún siendo autónomo o independiente, actúa por cuenta ajena, mientras que, según mis apuntes, la figura del distribuidor en sentido estricto, se circunspecta a los supuestos en que se asume el riesgo de la actividad de distribución con su establecimiento y su dinero, actuando asimismo por cuenta propia y en su propio interés. Y uno de los puntos que los tres modelos tienen en común lo constituye el derecho de indemnización por clientela ante una extinción unilateral del contrato por parte del concedente, franquiciador o distribuidor, aplicando analógicamente, ante la falta de regulación expresa, el régimen de dicha indemnización previsto para el contrato de agencia[1], artículo 28 Ley Contrato de Agencia (LCA), donde los tribunales normalmente vienen reconociendo tal derecho aunque con matices.

Lo anterior lo he comprobado en la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 7321/2012[2]. El supuesto de hecho consistía en la finalización unilateral de un contrato de concesión, donde el concedente procede a la extinción de la relación mercantil en exclusiva, por decisión unilateral sin invocar razón de incumplimiento en el momento de anunciar el fin de la relación judicial (alegando posteriormente, en sede judicial, pérdida de confianza), entendiendo ajustada al preaviso de seis meses recogido en el acuerdo contractual (facultad atribuida en el contrato, según Primera Instancia y que, por eso, según ese órgano judicial, no procedía indemnización alguna) y solicitando en la demanda de reconvención la devolución de documentación técnica o, en su defecto, indemnización. Por su parte, el concesionario mediante demanda reclama indemnización por clientela y por inversión de bienes de equipo no amortizada (como ya he comentado en el primer párrafo, por analogía con la indemnización prevista para el contrato de agencia, art. 28 LCA). 

La respuesta del Alto Tribunal a favor de la procedencia de la indemnización solicitada por el concesionario, se fundó en jurisprudencia del propio órgano, como la STS de Pleno de 26 de marzo de 2008[3] que, con base en el art. 1258 del Código Civil (CC), declaró mantener como doctrina la compensación por clientela al extinguirse los contratos de concesión o distribución, valorando como uno de los factores a favor de tal compensación la integración del concesionario en una red comercial que aproxima significativamente su posición a la del agente, marco mercantil en el que se encontraba tanto el concedente, liderando mercantilmente esa red comercial, como el concesionario, integrado en ella, unido a la prueba de aportación de nuevos clientes. Igualmente, es de justicia la indemnización por inversiones no amortizadas por la previsión que sobre este tema se apunta en el art. 29 de la LCA. En cuanto al cálculo de la indemnización, el Tribunal Supremo ratifica la reducción aplicada por la Audiencia Provincial conforme a los porcentajes de actividad del concesionario que provenían del concedente y a otros criterios relacionados con atracción de marca y gastos de publicidad (Fuente de la imagen: pixabay).

[1] Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia. http://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-12347-consolidado.pdf  - Documento última vez visitado 24/06/2015.
[2] STS 7321/2012 de 6 de noviembre de 2012. http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6549967&links=&optimize=20121126&publicinterface=true  - Documento última vez visitado 24/06/2015.
[3] STS de Pleno de 26 de marzo de 2008 (rec. 4344/00).