Política Europea en materia de Competencia

Test para evaluar los conocimientos en materia de competencia
Interesante la sesión a la que asistí en junio de 2015, y así se lo comenté a la profe, sobre la política de competencia, en el marco de la disciplina Derecho de la Unión Europea. A lo largo de estos años, he escuchado o leído en los medios de comunicación acerca de acciones específicas comunitarias en materia de competencia (lo que más me suena son las sanciones impuestas a multinacionales), pero no me había parado a profundizar un poco más. Según las ideas claves, la política de competencia es un principio rector de las economías de libre mercado, siendo la más importante forma de ejercicio de la libertad de empresa. Pero la libertad absoluta de competir puede ser dañina y afectar a los consumidores, volviendo una situación positiva en negativa cuando se realizan prácticas perjudiciales para el correcto funcionamiento de ese mercado tutelado por la Unión Europea.

Por lo anterior, es necesario que las empresas compitan en condiciones de igualdad de oportunidades, porque caso contrario aparecerían lo que la profesora cataloga como “patologías de la competencia”, como ese riesgo a que una empresa domine el mercado y que da lugar, no sólo a la muerte de sus competidoras con la consiguiente paralización del natural juego entre la empresa y la demanda, a un importante perjuicio al consumidor, al venderle sus productos o servicios a precios costosos o calidades míseras. También puede ocurrir que una prevaricadora intervención del Estado en la libre competencia, ladee la ponderación ilícitamente hacia una determinada empresa, generando espacios comerciales injustos o desiguales en cuanto a la oportunidad en el libre mercado.

Te sugiero link a una presentación de la Comisión Europea, recomendada por la profesora y realizada en flash Player, Asuntos de Competencia en la UE por productos (para acceder clickea AQUÍ), sobre cómo aplica la Comisión la política de competencia, al tener que ocuparse esta institución comunitaria de problemas de competencia en numerosos sectores de actividad industrial, que afectan a muchos productos de consumo cotidiano (aunque a veces los litigios conciernen a productos directamente utilizados por los consumidores, también pueden referirse a productos o materiales situados en estadios anteriores de la cadena de suministro). También, si quieres comprender las políticas de competencia de la Unión Europea, clickea este ENLACE. Finalmente, dejo LINK a un vídeo de la Comisión Europea sobre la lucha contra los carteles.

La figura del Mandato

Según las ideas claves de mis apuntes de Derecho Privado de los Contratos, en España el mandato es un contrato consensual e intuitu personae, por el que una persona, conocida como mandatario, se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra, que atiende al título de mandante. El mandato es gratuito, salvo que se pacte otra cosa; no obstante, se preverá retribuido cuando el mandatario tenga por actividad servicios profesionales o empresariales de la especie a que se refiera el mandato. Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es no confundirlo con la representación; para ello utilizo la siguiente chuleta: la representación se materializa en un poder (de representación) y el mandato en un contrato (vínculo contractual), si bien puede existir un mandato con poder, que se denomina mandato representativo. 

Dicho lo anterior, paso a resumirte el supuesto de hecho de la STS 640/2014[2], donde uno de los demandados, persona física, actuó en calidad de mandatario[1] en una operación de venta de un inmueble, en virtud de un poder notarial expreso[3] que le permitía comprar, vender, permutar y de cualquier otro modo adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, pero que, a la fecha de la operación, dicho mandato se encontraba extinguido por fallecimiento de los poderdantes, circunstancia conocida por el mandatario en el momento de la operación de venta. El otro demandado, persona jurídica, era la entidad compradora del inmueble, tercero de buena fe que contrató con el demandado desconociendo la extinción del contrato de mandato[4], motivo que fue esgrimido en los recursos ante la Audiencia Provincial y ante el Tribunal Supremo. 

Reconociendo la Alta Instancia la excepción recogida en el artículo 1738 CC[4] respecto del principio general contemplado en el art. 1259 CC[5], desestima el motivo alegado por el segundo demandado (al primer demandado se le había declarado en rebeldía), apoyándose en la Jurisprudencia emanada de la STS 984/2008, en el sentido de que para aplicar el precepto del art. 1738 CC[4], es necesaria la concurrencia de dos condiciones: que la demandada, persona jurídica, a la que vendió el inmueble el demandado, hubiera actuado de buena fe, es decir, que desconociera la anterior extinción del mandato; y que dicho mandatario demandado, en el momento de hacer uso del poder, ignorara la muerte del mandante o la concurrencia de cualquiera otra de las causas que hacen cesar el mandato. En opinión del Tribunal, concurría la primera condición, pero no la segunda, puesto que el mandatario en el momento de la venta ya conocía el fallecimiento de los mandantes (Fuente de la imagen: pixabay).

[1] Art. 1.709 Código Civil Español (CC). “Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”.
[2] STS 640/2014 de 13 de febrero de 2014. http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6983746&links=&optimize=20140307&publicinterface=true.  Documento última vez visitado el 25/06/2015. 
[3] Art. 1713 CC. “El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”.
[4] Art. 1738 CC. “Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe”.
[5] Art. 1259 CC. "Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante".