Apostilla, Apostille

Una Apostilla de la Haya expedida por el Estado de Alabama. Fuente: Guifa para Wikipedia.
Hace unos años, escuchaba a la profe de Derecho Internacional Privado (DIPr), explicar en la clase de repaso la importancia de la Apostilla, recordé las postillas de la niñez, esas formaciones cutáneas temporales, de color rojizo marrón, que surgían tiempo después del rosario de porrazos y, sobre todo, generosos arañazos al transcurrir entre zarzas, rosales y resto de plantas espinosas o cortantes, en muchos casos, sin darme cuenta. 

En cuanto a la Apostilla, tiene relación con un método menos caro de legalización de documentos, verificando su autenticidad en el marco del DIPr, aprobado en un Convenio que se firmó en 1961 en la Haya (Holanda), donde también se sustituyó la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros por un solo acto que consiste en la estampación de la apostilla[1], certificación de un documento para que tenga validez en los países firmantes de la Sección de Apostillas de la Convención de la Haya, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento no pertenece a ella, entonces será necesaria una legalización de Embajada.

Mediante la Apostilla, Apostille[2], la autoridad del Estado de origen del documento certifica que las firmas que constan en el mismo son auténticas y que las personas que lo han firmado están, efectivamente, revestidas de «autoridad pública»: se evita así una «legalización firma por firma» del documento. La apostilla en sí está exenta de toda legalización. Asimismo, se expide a petición del signatario o de cualquier portador del documento y se coloca sobre el propio documento o en una prolongación del mismo. Debe acomodarse a un modelo anejo al Convenio[3]. Si quieres más información, clickea AQUÍ y te llevará al Ministerio de Justicia español.

[1] Art. 1 del Convenio: “La presente Convención se aplicará a los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de uno de los Estados contratantes y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante. Para fines de la presente Convención, los siguientes serán considerados documentos públicos: a) Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un Secretario o de un Agente Judicial; b) Documentos administrativos; c) Actas notariales; y, d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y certificados de firma, insertadas en un documento privado.”
[2] El título «Apostille (Convention de La Haye du 5 de octobre 1961)» deberá estar en idioma francés.
[3] A tenor del artículo 4, párrafo segundo del Convenio, la apostilla podrá ser redactada en el idioma oficial de la autoridad que lo emite. Los términos estándar que aparecen en la misma pueden también estar en un segundo idioma.

Cuestiones controvertidas

En el marco de Derecho Privado de los Contratos, durante el mes de junio de 2015 estuve participando en un foro sobre cuestiones controvertidas y actuales del préstamo y la financiación. Iniciaba la coordinadora la madeja de los hilos de intervención preguntando si se ha abusado de la financiación externa o bancaria para cualquier actividad ordinaria y no sólo para imprevistos, ya fueran préstamos para la casa para el coche, para las vacaciones, para la comunión del niño, para los estudios… En síntesis, sobre los efectos de ese posible abuso de financiación y de la práctica generalizada de financiar todo en la actual crisis económica. Indudablemente, a estas alturas de la película de la crisis actual que estamos padeciendo a nivel global y en específico en España, no cabe duda que la manga ancha de la concesión crediticia por parte de las entidades financieras en la primera década del siglo XXI, con la complicidad de las entidades tasadoras, ha sido una de las desencadenantes de la grave situación financiera que padecen muchas familias y, en menor medida, empresas en nuestro país. 

Esta reflexión también es de aplicación en específico a la compra de vivienda y su “loca” financiación vía hipoteca, que ha llevado al "españolito" de a pie a un sobreendeudamiento “¿irreal?” en el que, inicialmente, era un convidado de piedra (al estar en manos del triángulo amoroso formado por las inmobiliarias, los bancos y las tasadoras, en muchos casos en manos de los propios bancos), pasa a ser el primer y, tal vez, único damnificado de esta ya no tan presunta estafa monumental. Ante tanto despropósito, clama al cielo la falta de sensibilidad, desde que se es consciente de la gravedad, del legislador de turno en atenuar el calvario injusto de tantas familias, más preocupado en sanear los balances de las entidades financieras con cargo a las arcas públicas. 

Y explotó la burbuja, primero en EEUU y luego en Europa, con España como estrella invitada de todo este desaguisado. Aquellas economías, como la española, que sustentaron el crecimiento económico fundamentalmente en el “ladrillo”, están sufriendo más que aquellas otras con una diversificación más razonada y razonable. Obviamente, los “usos y costumbres” del sistema bancario vuelven al redil del que nunca debían haber salido, unido a una restricción del crédito consecuencia de sus propios saneamientos y los círculos viciosos de compra y refinanciación de las deudas de los estados, generando mercados presuntamente ficticios o circulares (BCE – Banca Privada – BCE y vuelta a empezar). Y en medio de todo, el ciudadano y la ciudadana de a pie, sea griego, español o portugués, y la masa de pymes y autónomos, que le llueven tortas por todos los lados (recortes, más impuestos, paro, desahucios…), verdadero y probablemente único damnificado, reitero (Fuente de la imagen: pixabay).