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(mvc, Málaga, España). Informa el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores en la causa en la que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas.
En un auto, el magistrado admite la solicitud formulada por la plataforma de Perjudicados de Abengoa de ampliar la querella contra las dos entidades mencionadas, así como contra las consejeras y miembros de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y contra el socio responsable de la auditora Manuel Arranz, en estos tres casos tanto por el delito de estafa de inversores como por el de falsedad contable.
En la querella[1] el juez investiga si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su idílica situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero[2] eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía. El juez se basa en el informe aportado por la Plataforma de Afectados[3]. Fuente de la información: CGPJ. Fuente de la imagen: stevepb en pixabay.
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[1] La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017 contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.
[2] Que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de pre-concurso.
[3] Elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva Clemente en el que se refleja la “sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa”.
