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| Fuente de la imagen: Pasando el puente con Administrativo (M. Velasco, 2020) |
Velasco-Carretero, Manuel, Málaga (Spain)
Resumen. La presente compilación intenta explorar la evolución y la creciente relevancia del Derecho Administrativo desde una perspectiva centrada en la ciudadanía. Tradicionalmente visto como un conjunto de normas que rigen el poder de la Administración, el Derecho Administrativo actual se redefine como una garantía esencial para los derechos y la participación de los individuos en sus interacciones con las Administraciones Públicas. Se analiza la figura del ciudadano (o "administrado") como el pilar fundamental de la actuación administrativa, examinando los derechos clave que le asisten, la transformación del Estado hacia un modelo garante y el papel crucial de la participación ciudadana en la legitimación democrática de las decisiones públicas.
Palabras Clave: Derecho Administrativo, ciudadanía, derechos del ciudadano, buena administración, participación ciudadana, Estado garante.
Abstract. This article explores the evolution and growing relevance of Administrative Law from a citizen-centered perspective. Traditionally viewed as a set of rules governing the power of the Administration, current Administrative Law is redefined as an essential guarantee for the rights and participation of individuals in their interactions with Public Administrations. The article analyzes the figure of the citizen (or "administered") as the fundamental pillar of administrative action, examining the key rights that they enjoy, the transformation of the State toward a guarantor model, and the crucial role of citizen participation in the democratic legitimation of public decisions.
Keywords: Administrative Law, citizenship, citizen rights, good administration, citizen participation, guarantor State.
1. Introducción: Del Poder al Servicio de la ciudadanía
El Derecho Administrativo, entendido como la rama del ordenamiento jurídico que regula la Administración Pública, su organización, potestades y privilegios, así como su actividad dirigida a satisfacer intereses públicos y el sistema de garantías ciudadanas, ha experimentado una profunda transformación (Cerrillo i Martínez, 2019). Históricamente, se concebía como un "Derecho del poder" que ponía el acento en la supremacía de la Administración (Sarasíbar Iriarte, 2017). Sin embargo, la concepción moderna lo sitúa como un "Derecho de la persona a una buena administración" (Sarasíbar Iriarte, 2017). Esta evolución subraya que, sin la existencia de los ciudadanos, la actuación de la Administración carece por completo de sentido, ya que su finalidad es la persecución del interés público, que es, en esencia, el interés de la población (Sarasíbar Iriarte, 2017). Por lo tanto, el ciudadano ya no es un mero receptor pasivo de bienes y servicios, sino un protagonista activo de los asuntos de interés general (CLAD, 2013).
2. La ciudadanía como Eje del Sistema Administrativo
La figura del "administrado" o ciudadano es, y debe ser, el núcleo esencial del Derecho Administrativo (Sarasíbar Iriarte, 2017). La Administración, como poder público, persigue intereses colectivos y generales, y su funcionamiento debe estar orientado al servicio efectivo de los ciudadanos (Sarasíbar Iriarte, 2017). Esta orientación se materializa en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) en España, que sistematiza los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración (Palomar Olmeda, 2016).
La nueva regulación diferencia los derechos de las personas en general de los derechos de los interesados en particular (Palomar Olmeda, 2016). Los derechos de las personas se aplican a cualquiera que se relacione con la Administración, sin necesidad de ser parte en un procedimiento formal (Palomar Olmeda, 2016). Esto incluye a extranjeros que se encuentren legalmente en España, quienes tienen los mismos derechos que los nacionales españoles en sus relaciones con la Administración (Palomar Olmeda, 2016).
3. Garantías y Derechos Fundamentales de la ciudadanía
El Derecho Administrativo moderno está intrínsecamente ligado a la salvaguarda de la esfera de la libertad individual y a la protección de los derechos de los individuos frente a la Administración (Sarasíbar Iriarte, 2017). Esta función garantista se articula a través de una serie de derechos reconocidos:
Derecho a una Buena Administración: Este es un derecho fundamental que exige que los asuntos públicos sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y resueltos en un plazo razonable, promoviendo la dignidad humana (CLAD, 2013). La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) en su artículo 41, y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública (CIDYDCAP), reconocen expresamente este derecho (Montero Cartes, 2017; Sarasíbar Iriarte, 2017). Implica el derecho a ser oído antes de una medida desfavorable, a acceder al expediente, y a que las decisiones sean motivadas (Sarasíbar Iriarte, 2017).
Derecho a la Comunicación y Asistencia Electrónica: Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos (Palomar Olmeda, 2016). Si bien la relación electrónica es una posibilidad para las personas físicas, es una obligación para sujetos específicos como personas jurídicas o profesionales (Palomar Olmeda, 2016).
Derecho al Uso de Lenguas Oficiales: Los ciudadanos pueden utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, y la Administración debe tramitar el procedimiento en la lengua elegida por el interesado (Palomar Olmeda, 2016).
Derecho al Acceso a la Información Pública, Archivos y Registros: Este derecho se garantiza conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y otras normativas, permitiendo el acceso a documentos electrónicos y la consulta desde puntos de acceso generales (Palomar Olmeda, 2016).
Derecho a ser Tratados con Respeto y Deferencia: Las autoridades y empleados públicos deben tratar a los ciudadanos con respeto y deferencia, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (Palomar Olmeda, 2016).
Derecho a Exigir Responsabilidades: Los ciudadanos pueden exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas y autoridades, incluyendo la responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios (Palomar Olmeda, 2016).
Derecho a la Protección de Datos Personales: Se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros y sistemas de las Administraciones Públicas (Palomar Olmeda, 2016).
Derechos de los Interesados en el Procedimiento Administrativo: Además de los derechos generales, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derechos específicos, tales como conocer el estado de la tramitación, identificar a los responsables, no presentar documentos ya en poder de la Administración, formular alegaciones, obtener información y orientación, actuar asistidos de asesor y realizar pagos por medios electrónicos (Palomar Olmeda, 2016).
Derechos Específicos en el Procedimiento Sancionador: Los presuntos responsables tienen derecho a ser notificados de los hechos que se les imputan y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (Palomar Olmeda, 2016).
4. La Evolución del Estado: Hacia un Modelo Garante y Participativo
El Derecho Administrativo ha transitado de un modelo centrado en el poder de la Administración a uno donde el Estado se erige como garante de los derechos de la ciudadanía (Sarasíbar Iriarte, 2017). Esto implica que, aunque la provisión de ciertos servicios pueda recaer en la iniciativa privada, la Administración tiene la obligación de supervisar y controlar que estos se lleven a cabo correctamente y en las mejores condiciones posibles (Sarasíbar Iriarte, 2017). El Estado activador, con origen en Alemania, busca una responsabilidad compartida entre Estado, economía, tercer sector y ciudadanos (Sarasíbar Iriarte, 2017).
La CIDYDCAP, aprobada por el CLAD, subraya que la buena administración pública es una obligación de los poderes públicos para promover los derechos fundamentales y la dignidad humana (Montero Cartes, 2017). Esta carta concibe que los intereses generales no deben ser definidos unilateralmente por la Administración, sino que los poderes públicos deben "salir al encuentro de los ciudadanos" para construir democráticamente las políticas públicas de forma integrada y participativa (Montero Cartes, 2017).
5. La Participación Ciudadana en el Procedimiento Administrativo
La participación ciudadana es un objetivo político de primer orden y un elemento crucial para la legitimidad democrática del poder político-administrativo (Montero Cartes, 2017). Se configura como un derecho fundamental en diversos ordenamientos, incluyendo la Constitución española (Maeso Seco, 2022). Este derecho puede ejercerse de forma directa o a través de representantes (Maeso Seco, 2022).
El Derecho Administrativo ofrece cauces específicos para esta participación:
Audiencias Públicas: Son actos presenciales que permiten a la ciudadanía realizar aportes sobre una decisión administrativa, especialmente en asuntos que afectan a intereses difusos como medio ambiente o derechos del consumidor (Valencia Martín, 2013). Las opiniones no son vinculantes, pero deben ser consideradas y justificadas por la autoridad (Valencia Martín, 2013).
Períodos de Información Pública: Estos trámites, aunque secundarios en algunas regulaciones, permiten recibir aportes de cualquier persona sobre cuestiones relevantes del procedimiento (Valencia Martín, 2013). La LPACAP contempla una consulta pública previa a la elaboración de normas administrativas, que debe sustanciarse a través de portales web (Maeso Seco, 2022).
La participación procedimental, al reforzar el principio democrático, contribuye a robustecer la legitimidad de las decisiones discrecionales del poder ejecutivo (Montero Cartes, 2017). Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor clave que permite materializar nuevas formas de participación directa (Maeso Seco, 2022). El Derecho de participación encuentra fundamentación teórica en la caracterización democrática de la Administración Pública y en el sistema de relaciones entre la Administración y el ciudadano (Maeso Seco, 2022).
6. Conclusiones
La trascendencia del Derecho Administrativo para la ciudadanía es innegable. Ha evolucionado de un enfoque puramente centrado en el poder a uno que coloca al ciudadano en el centro de su razón de ser (Sarasíbar Iriarte, 2017). Esta evolución se manifiesta en el reconocimiento y garantía de una amplia gama de derechos que empoderan a los individuos en sus interacciones con las Administraciones Públicas, desde el derecho fundamental a una buena administración hasta derechos específicos en procedimientos complejos.
La participación ciudadana, impulsada por principios democráticos y facilitada por las nuevas tecnologías, es fundamental para asegurar la eficacia y la aceptación de las decisiones administrativas (Montero Cartes, 2017). Al permitir que los ciudadanos influyan en la determinación de los intereses generales y en la formulación de políticas, el Derecho Administrativo contribuye a una gobernanza más abierta, responsable y legitimada (Montero Cartes, 2017; Maeso Seco, 2022). En suma, un Derecho Administrativo robusto y centrado en el ciudadano es indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la protección de la dignidad humana en las sociedades modernas.
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7. Bibliografía
AA.VV. (2015). Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea. Instituto Nacional de Administración Pública.
Cerrillo i Martínez, A. (2019). Introducción a la Administración pública y al derecho administrativo. FUOC. CLAD. (2013).
Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública. Consejo Directivo del CLAD.
Maeso Seco, L. F. (2022). Debates, trascendencia y fundamentos de la participación ciudadana a la luz del Derecho Administrativo. En J. Sierra Rodríguez, F. Reviriego Picón, & J. Tudela Aranda (Eds.), Escenarios de la participación ciudadana: una visión multinivel. Fundación Manuel Giménez Abad.
Montero Cartes, C. I. (2017). Participación ciudadana, procedimiento administrativo y el deber de buena administración en la Unión Europea. Revista Española de Relaciones Internacionales, (8), 89-138.
Palomar Olmeda, A. (2016). Derechos de los ciudadanos y de los interesados en sus relaciones con la Administración. Revista Española de Control Externo, 18(54), 77-112.
Sarasíbar Iriarte, M. (2017). El ciudadano como núcleo esencial del Derecho Administrativo. Revista Andaluza de Administración Pública, (99), 313-355. Valencia
Martín, G. (2013). La participación ciudadana en el procedimiento administrativo. Revista de Derecho Administrativo, 1(1), 107-162.
8. Recursos generativos utilizados: Como parte del proceso de búsqueda y revisión bibliográfica, se empleó inteligencia artificial generativa (IAG) como herramienta de apoyo para generar términos clave, identificar autores relevantes y orientar temáticamente el enfoque de la investigación. Las recomendaciones obtenidas se utilizaron exclusivamente para guiar búsquedas más precisas en bases de datos académicos como Google Académico, RIUMA, Dialnet, entre otras. Cabe señalar que la IAG no fue utilizada como fuente directa, y todas las referencias empleadas fueron extraídas de fuentes verificadas.
