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Velasco, 2026. La Guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal, dirigida por Revuelta y Delgado Martín (2025)[1], se estructura como un instrumento técnico e institucional concebido por el Consejo General del Poder Judicial español para sistematizar la actuación de los órganos judiciales ante situaciones de vulnerabilidad procesal. El texto se encuentra articulado en dos bloques temáticos y dos anexos normativo-descriptivos que recorren desde la delimitación de las barreras de entrada a la administración de justicia hasta la aplicación de garantías concretas en la función de juzgar. En el plano doctrinal, la publicación toma como referente el modelo social configurado en el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la redacción reformada del artículo 49 de la Constitución Española, rechazando esquemas médicos para trasladar al entorno judicial la obligación de adaptar sus diligencias. El compendio examina el catálogo de derechos de los intervinientes en la causa penal, ratificando la vigencia de la capacidad jurídica plena regulada por la Ley 8/2021 y ofreciendo pautas para que las condiciones personales de la ciudadanía no generen indefensión en las diferentes etapas del juicio. Con una orientación práctica, el manual detalla criterios metodológicos destinados a identificar barreras físicas, actitudinales, comunicativas y del ámbito digital que afectan a investigados, acusados, víctimas o testigos.
En el plano estrictamente procedimental, el manual desglosa los deberes judiciales de detección temprana, adaptación procesal e integración de apoyos a la capacidad jurídica (Revuelta de Rojas & Delgado Martín, 2025). La publicación sostiene que la identificación de indicios de diversidad funcional debe efectuarse de oficio desde las primeras diligencias policiales o de instrucción, descartando la exigencia de un certificado administrativo previo o de una declaración formal de incapacidad. Entre las soluciones técnicas analizadas destaca la figura del facilitador procesal, definido como un profesional neutral encargado de elaborar el perfil individualizado de adaptaciones, auxiliar en la comprensión de los actos y respaldar la comunicación sin asumir funciones letradas ni probatorias. Adicionalmente, el texto aborda las reglas relativas al lenguaje claro, las técnicas de lectura fácil y la regulación de incidentes en pieza separada para designar defensores judiciales ante ausencias de apoyo formal. En relación con las actuaciones telemáticas, el estudio advierte sobre la brecha digital y los riesgos de aislamiento cognitivo, imponiendo un examen riguroso de cada comparecencia presencial o remota. El análisis concluye fijando pautas para la protección de datos personales de categoría especial conforme al Reglamento General de Protección de Datos y la legislación procesal, consolidando un marco doctrinal unificado para la magistratura, la fiscalía y la abogacía.
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Revuelta de Rojas, I., Delgado Martín, J. (Dirs.). (2025). Guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal. Consejo General del Poder Judicial.
