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Mediante la Directiva 2009/50/CE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, se creó la «tarjeta azul UE», un procedimiento abreviado de expedición de un permiso especial de residencia y de trabajo con unas condiciones más atractivas que permite a los trabajadores de terceros países acceder a un empleo altamente cualificado en los Estados miembros. La Directiva 2011/98/UE relativa al permiso único establece un procedimiento común y simplificado para los nacionales de terceros países que soliciten un permiso de residencia y de trabajo en un Estado miembro, así como un conjunto común de derechos que han de concederse a los inmigrantes legales. La Directiva 2014/36/UE, adoptada en febrero de 2014, regula las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros. Se autoriza a los trabajadores temporeros migrantes a permanecer temporalmente de manera legal en la Unión durante un período máximo de entre cinco y nueve meses (variable en función del Estado miembro) para realizar una labor relacionada con la estación o época del año, sin perder por ello su residencia principal en un tercer país[2].
El 15 de mayo de 2014 se adoptó la Directiva 2014/66/UE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales[3]. El estatuto de los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en la Unión Europea se regula en la Directiva 2003/109/CE del Consejo, modificada en 2011 con el fin de extender su ámbito de aplicación a los refugiados y otros beneficiarios de protección internacional. La UE tiene competencias en las siguientes materias[4]: Inmigración legal. – Autoridad para el establecimiento de las condiciones de entrada y residencia legal en un Estado miembro, también con fines de reagrupación familiar, aplicables a los nacionales de terceros países. Los Estados miembros conservan el derecho a fijar cuotas para la admisión de personas procedentes de terceros países que buscan empleo. Integración. – Fomento y apoyo de la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio. No obstante, la legislación de la Unión no prevé la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. Lucha contra la inmigración irregular. – Impedir y reducir la inmigración irregular, sobre todo mediante políticas eficaces de retorno, respetando siempre los derechos fundamentales.
Acuerdos de readmisión. – Promoción de acuerdos con terceros países para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros. La política de inmigración de la UE persigue diversos objetivos, entre los que destacan la gestión eficaz de los flujos migratorios[5], la cooperación con países terceros[6], la protección de los derechos fundamentales[7] y la promoción de la integración[8]. La normativa en materia de inmigración abarca diversos ámbitos, entre los que destacan los permisos de residencia y trabajo[9], el asilo[10], la lucha contra la trata de personas[11], el retorno y readmisión[12] y la cooperación policial y judicial en materia penal[13]. Esta política de inmigración de la UE se enfrenta a numerosos retos y desafíos, entre los que destacan la presión migratoria[14], la falta de consenso entre los Estados miembros[15], las crisis humanitarias[16] o la explotación laboral de las personas migrantes[17]. El «Enfoque Global de la Migración y la Movilidad» (EGMM), adoptado por la Comisión en 2011, establece un marco general para las relaciones de la Unión con terceros países en el ámbito de la migración. Se basa en cuatro pilares: inmigración legal y movilidad, inmigración irregular y trata de seres humanos, protección internacional y política de asilo y maximización de la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad.
Los derechos humanos de los migrantes son un tema transversal dentro de este enfoque. La política de inmigración de la UE se encuentra en un proceso de constante evolución, en respuesta a los cambios en el entorno global y a las nuevas necesidades de la sociedad. Entre los desafíos futuros se encuentran: Integración de las personas refugiadas. - La integración de las personas refugiadas en las sociedades europeas es un desafío clave para la UE en la próxima década. Envejecimiento de la población. - La necesidad de mano de obra en algunos sectores económicos puede dar pie a un impulso de la inmigración legal a medio y largo plazo. Cambio climático. - Puede aumentar la presión sobre las fronteras exteriores de la UE. No cabe duda de que la política de la UE en materia de inmigración e integración constituye un marco jurídico complejo y dinámico, que busca garantizar la gestión eficaz de los flujos migratorios, promover la integración de los migrantes legales y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, la implementación de esta normativa se enfrenta a numerosos retos y desafíos, que requieren una mayor cooperación y solidaridad entre los Estados miembros. Fuente de la información: normativa de la UE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Texto rectificado y actualizado con posterioridad.
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[1] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
[2] La Directiva precisa, asimismo, el conjunto de derechos que asiste a estos trabajadores migrantes.
[3] Con esta Directiva se facilita que las empresas y las multinacionales puedan destinar temporalmente a directivos, especialistas y trabajadores en formación a las sucursales y filiales ubicadas en la Unión.
[4] Fuente Unión Europea.
[5] Mecanismos para controlar los flujos migratorios, tanto legales como irregulares, y garantizar la seguridad de las fronteras exteriores.
[6] Acuerdos de cooperación con países terceros de origen y tránsito de migrantes para abordar las causas profundas de la migración y facilitar la readmisión de los migrantes irregulares.
[7] Garantía de que los derechos fundamentales de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, sean respetados en todo momento, en línea con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
[8] Fomento de la integración de los migrantes legales en las sociedades europeas, facilitando su acceso al mercado laboral, a la educación y a los servicios sociales.
[9] La Directiva 2011/98/UE estableció un procedimiento común y simplificado para la solicitud de permisos de residencia y trabajo, así como un conjunto común de derechos para los inmigrantes legales.
[10] La UE cuenta con un sistema común de protección para los solicitantes de asilo, basado en el principio de no devolución y en el derecho a solicitar asilo.
[11] La UE ha adoptado diversas directivas y regulaciones para prevenir y combatir la trata de seres humanos, una de las formas más graves de explotación.
[12] La UE ha establecido normas comunes para el retorno de los migrantes irregulares a sus países de origen, así como acuerdos de readmisión con terceros países.
[13] La UE coopera estrechamente con los Estados miembros y con terceros países para combatir la delincuencia transfronteriza relacionada con la migración, como el tráfico de personas y el contrabando de migrantes.
[14] La creciente presión migratoria sobre las fronteras exteriores de la UE exige una respuesta coordinada y solidaria por parte de todos los Estados miembros.
[15] Las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a sus intereses nacionales y sus capacidades para gestionar la migración dificultan la adopción de decisiones a nivel europeo.
[16] Las crisis humanitarias en las regiones vecinas a la UE generan grandes flujos migratorios y ponen a prueba la capacidad de respuesta de la Unión.
[17] La explotación laboral de los migrantes, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, es un problema persistente.
