Liberalismo Económico y Derecho Administrativo

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Otro fundamento del DAE es la liberalización económica, vía desregularización y privatización. Desregularización en el sentido de eliminación total o parcial de la normativa que se ajusta la actividad económica, en general, y el desarrollo empresarial, en específico. Privatización entendida como la transferir actividad pública al sector privado. Siguiendo a I. Adams (2001)[1], R. Turner (2008)[2] y D. Balamm (2015)[3], podemos conceptualizar el liberalismo económico como la corriente doctrinal que aboga por una inexistente o, en todo caso, mínima intervención del Estado en la economía, protegiendo la libertad individual y la propiedad privada como potenciadores del desarrollo económico.

En el marco del Derecho Administrativo, esta corriente se convierte en una serie de principios y normas que, a modo de ordenamiento jurídico aplicable, entorpecen la intervención estatal en la actividad económica en pro de una libre competencia, apoyándose en principios tales como la propiedad privada, la libre competencia, la libertad de contratación o la libre iniciativa económica de todo individuo y, como no podía ser de otra forma, una mínima intervención del Estado en los asuntos económicos del país. Estos objetivos se instrumentalizan a través de efectos legislativos como pueden ser la eliminación de todo tipo de trámites, conocido como desregulación, la promoción de la competencia entre las empresas o la privatización de empresas públicas y servicios públicos.

A esta línea de actuación, los aspectos antes referenciados le presuponen una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas pueden encontrarse una reducción del gasto público, una supuesta eficiencia económica o el fomento de la innovación. Entre los inconvenientes se inventarían substracción del mercado de entidades o individuos al no disponer de recursos económicos o financieros para competir en igualdad de condiciones, acentuamiento de la desigualdad social o descontrol del mercado vía abusos de poder, monopolios u oligopolios. En ese sentido, a través del DAE se podría garantizar la libertad de iniciativa económica mediante la legislación de un marco legal que preserve dicha la independencia y posibilite a todos los interesados emprender cualquier actividad económica regulada[4].

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[1] Adams, Ian (2001). Political Ideology Today. Manchester University Press.

[2] Turner, Rachel S. (2008). Neo-Liberal Ideology: History, Concepts and Policies. Edinburgh University Press.

[3] Balaam, David N; Dillman, Bradford (2015). Introduction to International Political Economy. Routledge.

[4] Igualmente, vía DAE se puede ajustar los desajustes de los mercados y cuidare el ejercicio de los derechos de los usuarios o consumidores.