Manifestación del intervencionismo económico

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Uno de los elementos que construyen el Derecho Administrativo Económico (DAE) es el referido al intervencionismo económico estatal, que para el caso que nos ocupa y apoyándonos en una de las acepciones de la RAE, se define como la tendencia de los poderes públicos a intervenir en el ámbito económico. Este fundamento se refuerza con la entrada de España en la Unión Europea (UE), estableciendo que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas y de empleo[1], disponiendo la UE de la respectiva competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos[2].

Ahora bien ¿Cómo debe manifestarse la intervención del Estado en la economía? Pues desde el establecimiento de hojas de ruta a medio plazo mediante lo que se conoce como planificación económica, hasta la imposición de ordenamiento jurídico específico para propiciar un funcionamiento legal y justo de los mercados, con fomento de la competencia y protección de los usuarios o consumidores, pasando por la atención de aquellos servicios públicos necesarios para la sociedad o la promoción o ayuda a sectores estratégicos que en determinado momento se puedan calificar de estratégicos y todo ello bajo el paraguas de seguridad jurídica, libertad de empresa e intervención mínima. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Art. 2.3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[2] Art. 2.5 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).