Fuente de la imagen: zoosnow en pixabay |
Resaltar la apreciación del juez en relación a una total ausencia de cultura de respeto al Derecho en las compañías investigadas, que actuaban con un absoluto desprecio al Derecho, y a las más elementales normas legales y éticas, “impulsadas por una política “de beneficio a cualquier precio”. Algo que, si resulta inadmisible en compañías familiares privadas, añade De la Mata, “resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente pública como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses públicos y CMIC, que tenía participación pública”. El magistrado argumenta la procedencia de atribuir a los investigados el delito de organización criminal, constituida para conseguir contratos en países extranjeros[2] mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios de ese país[3]. Fuente de la información: CGPJ. Fuente de la imagen: zoosnow en pixabay.
________________________________
[1] Programa de Reestructuración Logístico de Distribución.
[2] En este caso Angola.
[3] En otros casos, los miembros de la organización criminal consiguieron “enriquecerse ilícitamente de forma sistémica con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias n y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de casi 20 millones de euros”.