Jurisprudencia sobre regulación del sector lácteo

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La sentencia (STS) núm. 1.081/2024 del Tribunal Supremo español (TS), aborda cuestiones relacionadas con la regulación del sector lácteo, derivándose del recurso contencioso administrativo núm. 693/2022, interpuesto por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) contra el Real Decreto 374/2022 (RD)[1], que modifica varias normativas en el ámbito de la producción y comercialización de productos lácteos. La sentencia no solo tiene implicaciones legales, sino que también refleja la importancia del sector agroalimentario en la economía española. El recurso se centra en la impugnación de ciertos artículos del RD.

El RD[2] establece las condiciones de contratación en el sector lácteo, incorporando la obligación de que el precio pactado entre las partes no sea inferior al coste efectivo de producción, tal como se establece en la Ley 12/2013[3]. La demanda cuestiona la legalidad de estas modificaciones[4]. La STS refuerza la necesidad de asegurar un equilibrio en la cadena alimentaria, protegiendo a los productores, garantizando la transparencia en las relaciones comerciales y subrayando la importancia de la intervención del legislador para corregir desequilibrios y asegurar un reparto equitativo de los costes sociales y ambientales.

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[1] Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra. Publicado en BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2022. Sitio visitado el 15/07/2024.

[2] Que modifica el Real Decreto 95/2019.

[3] Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Publicado en BOE núm. 185, de 03/08/2013.

[4] Y su conformidad con el derecho de la Unión Europea.