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Uno de los objetivos principales del Real Decreto es la simplificación de los procedimientos administrativos. Esto se intenta conseguir a través de varias modificaciones significativas en la normativa existente, por ejemplo, en la simplificación del procedimiento, buscando evitar la presentación excesiva de documentos y la doble comprobación de los mismos requisitos, que puede reducir la carga administrativa para los solicitantes y agilizar el proceso de obtención de permisos y autorizaciones. También, en la reducción de tiempos de espera, estableciendo plazos más razonables para la tramitación de solicitudes, lo que permite a las personas migrantes obtener respuestas más rápidas y, por ende, facilitar su integración en la sociedad española. No podía faltar la búsqueda de la claridad jurídica, abogando por la mejora de la concreción jurídica respecto a las figuras y situaciones cubiertas por determinados permisos, importante para que los operadores jurídicos como las propias personas migrantes comprendan mejor sus derechos y obligaciones. En cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes, se contempla de manera expresa los derechos de las personas trabajadoras migrantes, alineándose con las normativas de la Unión Europea, incluyendo los derechos relacionados con la igualdad de trato, condiciones laborales y acceso a servicios. Tampoco falta la modificación del estatus migratorio, regulando de manera supuestamente más clara en qué supuestos y bajo qué condiciones se puede modificar el estatus migratorio de una persona y de sus familiares, algo esencial para garantizar la seguridad jurídica de los migrantes y facilitar su adaptación a nuevas circunstancias.
El Real Decreto también se destaca por su compromiso con la incorporación de directivas de la Unión Europea al derecho español. Entre las directivas mencionadas se encuentran. - - Directiva (UE) 2014/36: Relativa a las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros. - Directiva (UE) 2021/1883: Sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación. - Directiva (UE) 2024/1233: Que establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en un Estado miembro. La incorporación de estas directivas no solo asegura que la normativa española esté alineada con las políticas europeas, sino que también refuerza los derechos de los migrantes en el contexto de la libre circulación y el trabajo en la Unión Europea. Asimismo, el Real Decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en la Ley 39/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Estos principios incluyen. la necesidad y eficacia, ya que la normativa busca ser efectiva en la consecución de sus objetivos, abordando de manera integral los retos derivados del contexto demográfico y del mercado laboral y la proporcionalidad, asegurando que la regulación sea la mínima necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, evitando cargas innecesarias para los solicitantes.
También, se incluyen la seguridad jurídica, puesto que la norma quiere ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, lo que proporciona un marco legal claro y predecible para los migrantes; y la eficiencia, buscando reducir las cargas administrativas, lo que se traduce en una mejora en la experiencia de los solicitantes y en la eficiencia de los procedimientos. El Real Decreto representa un avance significativo en la regulación de la inmigración y los derechos de los extranjeros en España. A través de la simplificación de procedimientos, la reducción de tiempos de espera y la mejora de la claridad jurídica, se busca facilitar la integración de los migrantes en la sociedad española. Además, la incorporación de directivas de la Unión Europea y el compromiso con los principios de buena regulación refuerzan la importancia de una normativa que no solo sea efectiva, sino también justa y equitativa. En un mundo globalizado, donde la migración es una realidad ineludible, el Real Decreto quiere posicionarse en una gestión más humana y eficiente de la inmigración en España. Para el Poder Ejecutivo la implementación del reglamento es crucial para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean respetados y que su contribución a la sociedad española sea valorada y reconocida. A medida que el contexto migratorio continúa evolucionando, es de cajón que la normativa se mantenga flexible y adaptable, asegurando así que España sea un país acogedor y respetuoso con los derechos humanos.
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[1] Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. BOE de 20/11/2024.
