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| Fuente de la imagen: Informando a la UE sobre Contrata Pública (M. Velasco, 2018) |
Resumen: La contratación pública ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de un modelo burocrático centrado en el gasto y el precio a una herramienta estratégica al servicio de políticas públicas más amplias. Esta transformación, impulsada por las reformas europeas, busca la eficiencia en el uso de los fondos públicos y el fomento de la innovación, la sostenibilidad ambiental y social, la calidad de las prestaciones, la integridad y la buena administración. Se enfatiza la necesidad de una gestión pública profesionalizada, transparente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que promueva una visión de la contratación como inversión y no como mero gasto. La digitalización y las nuevas tecnologías son clave para esta modernización, mejorando la eficiencia, la transparencia y la prevención de la corrupción. Se destacan además las excepciones a las reglas de contratación pública para actividades que no constituyen una actividad de mercado, como la transferencia de conocimiento derivada de la I+D+i.
Palabras Clave: Contratación pública estratégica, innovación, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, buena administración, transparencia, profesionalización, digitalización, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, calidad.
Abstract: Public procurement has evolved significantly in recent decades, moving from a bureaucratic model focused on spending and price to a strategic tool serving broader public policies. This transformation, driven by European reforms, seeks not only the efficient use of public funds but also the promotion of innovation, environmental and social sustainability, quality of services, integrity, and good administration. Emphasis is placed on the need for professionalized, transparent public management aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which promotes a vision of procurement as an investment rather than a mere expense. Digitalization and new technologies are key to this modernization, improving efficiency, transparency, and preventing corruption. Exceptions to public procurement rules for activities that do not constitute market-based activities, such as the transfer of knowledge derived from R&D&I, are also highlighted.
Keywords: Strategic public procurement, innovation, social sustainability, environmental sustainability, good governance, transparency, professionalization, digitalization, Sustainable Development Goals, SDGs, quality.
1. Introducción: De la Burocracia a la Estrategia
La contratación pública ha experimentado una transformación notable, dejando de ser una función meramente administrativa para convertirse en una herramienta estratégica al servicio de las políticas públicas (Gimeno Feliu, 2019). Esta revisión profunda del sistema público de contratación en la Unión Europea tiene como objetivo principal ser más eficiente y diseñar políticas que promuevan un mayor crecimiento en un contexto de globalización económica (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). Lejos de una liberalización sin restricciones, la reforma busca avanzar hacia una contratación socialmente sostenible, responsable y transparente (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019).
La visión actual de la contratación pública se centra en la consecución efectiva y eficiente de la prestación demandada, poniendo el acento en la fase de ejecución del contrato y el cumplimiento de los fines públicos pretendidos (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). Esto implica una "visión completa" de todas las fases del contrato, regulando aspectos como la modificación, subcontratación y resolución (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). La Directiva 2014/24/UE, base de gran parte de esta reforma, enfatiza la obligación de transparencia como instrumento principal para garantizar la eficiencia de los fondos públicos y prevenir la arbitrariedad en las decisiones (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019).
2. Objetivos Estratégicos de la Contratación Pública
La contratación pública es ahora concebida como un instrumento para intervenir en la vida económica, social y política del país, orientando los comportamientos de los agentes económicos hacia el interés general (Gimeno Feliu, 2019). Esta perspectiva instrumental es necesaria para canalizar los fondos públicos de manera adecuada (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019).
• Fomento de la Innovación: Directivas como la 2014/24/UE sitúan la investigación y la innovación en un papel central (Gimeno Feliu, 2018). La contratación pública se considera una herramienta clave para impulsar la comercialización de la I+D+i empresarial (Gimeno Feliu, 2018). Se promueve la adquisición de productos y servicios innovadores para fomentar el crecimiento y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos (Gimeno Feliu, 2018). El concepto de innovación es muy amplio, incluyendo productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados (Gimeno Feliu, 2018). La Directiva introduce figuras como la "asociación para la innovación" para adquirir resultados de innovación que no están disponibles en el mercado (Gimeno Feliu, 2018). Se enfatiza la necesidad de una motivación detallada para la elección de procedimientos innovadores, así como la importancia de las consultas preliminares del mercado para ajustar la licitación (Gimeno Feliu, 2018). El éxito de la contratación pública para la innovación requiere que los compradores públicos actúen como clientes con visión estratégica y planifiquen lo que van a necesitar comprar y cómo comprarlo (Gimeno Feliu, 2018). Se anima a la selección de varios empresarios para desarrollar soluciones innovadoras en paralelo y de manera competitiva (Gimeno Feliu, 2018).
• Sostenibilidad Social y Ambiental (Compra Verde y Responsable): La contratación pública se ha convertido en una vía para integrar objetivos sociales, ambientales o de investigación (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). Se admite la introducción de condiciones relacionadas con la protección del medio ambiente (ecoetiquetas, productos reciclables) (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019; Horgué Baena, 2021) y aspectos sociales (ventaja económica ligada al producto o servicio) (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019; Horgué Baena, 2021). El cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente y política social es un criterio a valorar en la fase de selección (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). La normativa busca evitar la precarización de las condiciones laborales, desincentivar la deslocalización empresarial y fomentar los objetivos de la economía circular (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019). El principio de "no causar un daño significativo" (DNSH) al medioambiente es necesario en este contexto (Pernas García, 2022). Los indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) promovidos por Naciones Unidas buscan valorar inversiones con factores ambientales, de sostenibilidad social y de gobernanza (Dolan & Barrero Zalles, 2021; Morcillo Moreno, 2016). La Comisión Europea impulsa la aplicación estricta de la contratación pública estratégica para contribuir a una recuperación integradora y una transición justa (Comisión europea, 2021; Gimeno Feliu, 2025). Se promueve que el sector público actúe como motor para vincular el rendimiento económico con el compromiso social y la dirección ética de las empresas (Gimeno Feliu, 2025).
• Calidad y Valor sobre el Precio: El paradigma ha cambiado del precio más bajo a la calidad y el valor del resultado de la prestación (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024). La eficiencia no se interpreta exclusivamente desde un modelo economicista, sino que debe velarse por el estándar adecuado de calidad (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2024; Vaquer Caballería, 2011; Medina Arnáiz, 2013; Fernández Acevedo, 2018b). Los criterios de adjudicación se basan ahora en la mejor relación calidad-precio, considerando aspectos cualitativos, medioambientales y sociales (Gimeno Feliu, 2019; Horgué Baena, 2021). Se permite establecer umbrales técnicos para la exclusión de ofertas deficientes, priorizando el valor técnico de la prestación y la cualificación del personal (Gimeno Feliu, 2019). Además, se impulsa la consideración del ciclo de vida del producto en las licitaciones, incluyendo costes medioambientales externos cuantificables (Gimeno Feliu, 2019; Horgué Baena, 2021). La calidad es un paradigma irrenunciable que se interrelaciona con la eficiencia y la buena administración (Gimeno Feliu, 2019; Vázquez Matilla, 2018). Urge abandonar la cultura del precio como único o preferente elemento de valoración, especialmente para prestaciones dirigidas a personas o servicios públicos esenciales (Gimeno Feliu, 2024).
3. Buena Administración, Profesionalización e Integridad
La visión estratégica de la contratación pública está intrínsecamente ligada al concepto de buena administración, que opera como una nueva brújula para la gestión pública (Gimeno Feliu, 2024). Esto implica transparencia, rendición de cuentas, integridad y profesionalización de los gestores públicos (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024; Horgué Baena, 2021). La profesionalización es clave para garantizar una evaluación adecuada de las necesidades, evitar la provisión innecesaria o mal planificada, y reducir la "contaminación política" en decisiones administrativas (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024).
La integridad es un principio ético que tiene efectos jurídicos, buscando eliminar prácticas opacas y prevenir la corrupción (Cerrillo i Martínez, 2014; Gimeno Feliu, 2018; Miránzo Díaz, 2020; Gimeno Feliu, 2024; Mello, 2024). Se han adoptado medidas como la uniformidad de régimen jurídico para contratos no armonizados (Gimeno Feliu, 2019), la extensión del recurso especial a cuantías inferiores (Gimeno Feliu, 2019) y la creación de un organismo independiente de regulación y supervisión (OIReSCon) para velar por la correcta aplicación de la legislación y detectar incumplimientos (Gimeno Feliu, 2019).
4. La Digitalización como Palanca de Transformación
La transformación digital es importante para la modernización del sector público (Gimeno Feliu, 2024; Mello, 2024). Tecnologías como la informática en la nube, el big data y la inteligencia artificial (IA) están permitiendo a los gobiernos rediseñar procesos, fortalecer la gestión tributaria, mejorar la comunicación con ciudadanos y empresas, y promover la transparencia y rendición de cuentas (Mello, 2024). Herramientas de análisis de datos como SATAN o ARACHNE se están desarrollando para detectar alertas sospechosas y prevenir la corrupción, cruzando bases de datos y señalando indicios de irregularidades (Gimeno Feliu, 2024; Mello, 2024). Sin embargo, la digitalización también presenta desafíos como la escasez de especialistas y la necesidad de gestionar riesgos de ciberseguridad (Mello, 2024). La colaboración público-privada es importante para salvaguardar las redes digitales y los servicios gubernamentales frente a riesgos de ciberseguridad (Mello, 2024).
5. Excepciones y Modelos Colaborativos
No toda la actividad de los poderes públicos se rige por las reglas de la contratación pública (Gimeno Feliu, 2025). Específicamente, las actividades de generación y transferencia de conocimiento derivadas de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se consideran ajenas al mercado y, por tanto, quedan excluidas de la normativa de contratación pública (Gimeno Feliu, 2018; Gimeno Feliu, 2025). Esto permite la selección directa de universidades y organismos públicos de investigación para la creación de propiedad intelectual sin los límites de precios o procedimientos de contratación (Gimeno Feliu, 2025). Los contratos derivados de la explotación de la propiedad intelectual son contratos privados y no públicos (Gimeno Feliu, 2025).
Además, se impulsan modelos colaborativos público-privados, especialmente en áreas como los servicios sanitarios y sociales dirigidos a las personas (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2020a; Gimeno Feliu, 2024), donde la eficiencia se mide por la calidad de la prestación y no solo por el precio (Gimeno Feliu, 2019). La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por ejemplo, facilita la implementación de estos servicios mediante un régimen singular que puede incluso no ser contractual (Gimeno Feliu, 2019). Se buscan modelos de cooperación leal y transparente para el progreso económico y social (Gimeno Feliu, 2025).
6. Conclusión
La contratación pública es un instrumento básico para la implementación de políticas públicas y la consolidación de un Estado de Derecho que promueva la justicia social (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2020a; Gimeno Feliu, 2024; Gimeno Feliu, 2025). La transformación hacia un modelo estratégico, transparente, íntegro, profesionalizado y tecnológico es esencial para lograr una gestión pública eficiente y de calidad (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024; Gimeno Feliu, 2025). Esto requiere abandonar las inercias burocráticas y economicistas, priorizando el valor y los resultados en lugar del precio, y adaptándose a los retos de un entorno globalizado y digitalizado (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024; Gimeno Feliu, 2025). La colaboración entre los sectores público y privado, junto con una inversión continua en la capacitación y en herramientas tecnológicas, son fundamentales para una "nueva cultura de la contratación pública" (Gimeno Feliu, 2019; Gimeno Feliu, 2024; Gimeno Feliu, 2025; Mello, 2024). La digitalización y la IA son el presente y deben ser asumidas para una administración transparente y de mejora continua (Gimeno Feliu, 2024; Mello, 2024).
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