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La resolución aplica la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 31 de octubre de 2019 que había señalado que el precepto correspondiente de la Ley de Haciendas Locales era inconstitucional[2], en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar por el impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Fuente de la información: CGPJ. Fuente de la imagen: archivo propio.
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[1] Sentencia de 9 de diciembre de 2020.
[2] Por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 de la CE.